Pedidas nuevamente las testimoniales a los obispos de Barcelona, Vic, Lleida y Girona, el 11 de julio de 1886 remitió al P. Pablo Carbó (1815-1893), Procurador General de los Dominicos en Roma, toda la documentación requerida.
El Consultor de la S. Congregación Luigi Lupidi que estudió todo el expediente, quedó favorablemente impresionado de un testimonio tan incondicional de los prelados, por lo que no dudó de recomendar que se concediese un decreto de alabanza.
